Pedro Lara {Dev}

La inconsticionalidad de los artículos 332 y 333 del nuevo código penal | Pedro Lara

La delincuencia y la corrupción de los mayores problemas del país | Pedro Lara

Pedro Lara

Recientemente, AC Media publicó una encuesta que destaca las principales preocupaciones de la gente. Según los datos, el alto costo de la vida (35.5%) y la violencia y delincuencia en general (33.3%) son los problemas que más inquietan a la población. Estos resultados reflejan la realidad que enfrentan muchas personas en su vida diaria.

Es importante decir que AC Media fue una de las encuestas que más acertó en los resultados de las elecciones pasadas.

La encuesta no solo revela preocupaciones sobre el costo de vida y la seguridad, sino también sobre el desempleo y la corrupción. Estas cifras no son meros números fríos; representan el sufrimiento y las dificultades de la mayoría de los ciudadanos que viven día a día. En particular, la falta de empleo afecta a miles de jóvenes que no encuentran oportunidades laborales. Por ejemplo, según datos del propio Banco Central, más de 300,000 personas han dejado de buscar trabajo porque ya perdieron la esperanza de encontrarlo. Según un reportaje reciente de la BBC, en República Dominicana sólo una élite y los políticos se benefician del crecimiento económico.

Existe una élite que se beneficia del crecimiento económico del país, lo que exacerba la desigualdad. De acuerdo con Oxfam, la República Dominicana es uno de los países más desiguales del continente. Esta disparidad entre los que prosperan y aquellos que luchan por sobrevivir plantea serios desafíos para el desarrollo equitativo y la cohesión social.

Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de abordar estos problemas estructurales y de implementar políticas que beneficien a toda la población, no solo a una minoría privilegiada. La encuesta de AC Media es un llamado a la acción para que los responsables de formular políticas y la sociedad en general trabajen juntos en la búsqueda de soluciones efectivas y justas.

La reforma fiscal hará al pobre más pobre | Pedro Lara

Pedro Lara

Tal como dice el famosos texto de Mateo Mateo 25: 29 en la Biblia:  

La próxima reforma fiscal aumentará la pobreza y desigualdad en la República Dominicana.

Los que defienden la eventual reforma fiscal que someterá este año el gobierno dominicano argumentan que con esta se eliminará la pobreza. Incluso, el propio presidente ha asegurado que con la reforma fiscal eliminará la pobreza absoluta en el país. Es decir, pagando más impuestos y con un alto desempleo la gente se hará rica

En la República Dominicana, la canasta básica se ha convertido en una carga considerable para las familias de bajos ingresos. Este año, la canasta básica ha experimentado un incremento del 3.3%, elevando su costo a RD$44,967, según el Banco Central. Este aumento ha exacerbado la brecha entre los ingresos de las familias más pobres y el costo de los bienes esenciales.

Con una eventual reforma fiscal la canasta estará mucho más alta y es muy probable que aumente el desempleo.

En febrero de 2020, la canasta básica del primer quintil, que representa a los hogares con los ingresos más bajos, tenía un costo de RD$35,063. En tan solo unos pocos años, este costo ha aumentado a RD$44,967, representando una subida significativa que muchas familias no pueden cubrir con sus ingresos actuales. Este aumento del 28.3% en menos de cuatro años ha puesto una presión adicional sobre los presupuestos de los hogares más vulnerables.

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno exhiben incrementos salariales de miles de pesos, junto con viáticos y gastos de representación. Este contraste es particularmente llamativo en un contexto donde la mayoría de los trabajadores dominicanos no ganan lo suficiente para cubrir los costos de la canasta básica. El desajuste entre los aumentos en los ingresos de los funcionarios y los ingresos estancados o insuficientes de la población trabajadora pone de manifiesto una disparidad socioeconómica que sigue ampliándose.

Para muchas familias dominicanas, los ingresos mensuales simplemente no alcanzan para cubrir los costos de la canasta básica. Esto se traduce en una disminución de su poder adquisitivo y un aumento en la inseguridad alimentaria y otras necesidades básicas. Las familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles, como reducir la cantidad de alimentos que compran, eliminar ciertos artículos de primera necesidad o recurrir a deudas para poder subsistir.

Además, el gobierno dominicano pretende someter una reforma fiscal este año para aumentar las recaudaciones. Esta medida busca generar más ingresos para el Estado, pero también plantea preocupaciones sobre el impacto que podría tener en la población más vulnerable. Si bien la intención de la reforma es fortalecer las finanzas públicas, es crucial que se diseñen políticas que no aumenten la carga económica sobre aquellos que ya luchan por cubrir sus necesidades básicas.

En conclusión, la situación actual de la canasta básica en la República Dominicana, combinada con la propuesta de una reforma fiscal, resalta la necesidad urgente de políticas públicas que aborden la creciente disparidad entre los ingresos y el costo de vida. Es imperativo que se implementen medidas que no solo controlen los precios de los productos esenciales, sino que también promuevan el aumento de los salarios de manera equitativa para que todos los ciudadanos puedan acceder a una vida digna. Asimismo, cualquier reforma fiscal debe ser cuidadosamente evaluada para asegurar que no agrave la situación de las familias más pobres, sino que contribuya a una distribución más justa de la riqueza y el bienestar económico en el país.

Tribunal Constitucional ordena transfusión de sangre a hijo de Testigos de Jehová

Por qué me opongo al artículo 14 del nuevo código penal | Pedro Lara

República Dominicana retrocede en el Índice Mundial de Innovación | Pedro Lara

Según el último informe del Índice Mundial de Innovación, la República Dominicana se ubicó en la última posición, es decir, el puesto 19 de los 19 países latinoamericanos que participaron en el estudio y en la posición 94 a nivel mundial.

Este resultado refleja un significativo deterioro en comparación con el año 2019, cuando el país ocupaba la posición número 11 de los 19 países evaluados. Este descenso notable en el ranking pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas y estrategias efectivas que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico en el país.

El Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) es una herramienta que proporciona una medida detallada de la capacidad de innovación de los países. Es elaborado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con la Universidad de Cornell y el INSEAD (Escuela de Negocios).

El GII evalúa a los países a través de múltiples indicadores agrupados en varios pilares clave, que se dividen en dos grandes categorías: insumos y resultados de innovación.

El gobierno actual ha demostrado un enfoque marcado en beneficiar a las élites, destinando recursos que podrían impulsar el avance del país hacia grupos económicos, periodistas y empleados fantasma. Las instituciones destinadas a fomentar la innovación están utilizando los recursos en beneficio de intereses particulares y amistades.

Un ejemplo de esta situación es la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), que el año pasado otorgó un contrato de 100 millones de pesos al hijo de la reconocida periodista Mariasela Álvarez. ¿Por qué estos contratos millonarios solo benefician a hijos de funcionarios y amigos empresarios de los mismos? ¿Es que solo esas personas están capacitadas?

Desde el propio gobierno se ha promovido la idea de que solo ellos y sus allegados, conocidos como los "popis de la Plaza de la Bandera", están capacitados para recibir contratos millonarios y beneficiarse del crecimiento económico del país. Mientras tanto, una gran cantidad de jóvenes capacitados emigran porque no ven oportunidades en una República Dominicana que, a pesar de haber tenido un crecimiento económico sostenible durante más de 20 años, no ofrece un futuro prometedor para ellos. Son miles los jóvenes que intentan emigrar.

Recientemente, la BBC publicó un reportaje preguntándose por qué los dominicanos se van de un país con "estabilidad política" y "crecimiento económico". La respuesta es sencilla: aquí solo una élite y los políticos de turno se benefician del crecimiento económico del país. Un ejemplo es el joven Joan Vidal, quien emigró a Dubái y se ha destacado allá. Vidal fue el único dominicano contratado para laborar en la Expo 2020 Dubái, a nivel de las oficinas corporativas, en el Departamento de Tecnología. La actividad se realizó en el año 2021. ¿Por qué estos jóvenes no obtienen los contratos millonarios que otorga el estado? ¿Por qué estos contratos solo benefician a los hijos de los funcionarios y periodistas vinculados al gobierno? El caso de Joan evidencia la falsedad de la retórica gubernamental de que solo ellos están capacitados. Este joven se ha destacado en Dubái, demostrando que hay talento dominicano más allá de las élites.

El dinero que debería invertir el gobierno en innovación se gasta en empleados fantasma y pagos a defensores del gobierno en redes sociales. Por ejemplo, la misma OGTIC, dirigida por Bartolomé Pujals, contrató a un grupo de tuiteros a los que les pagó más de 6 millones de pesos para hablar a su favor y del gobierno en esa red social. Muchas de las personas encargadas de instituciones relacionadas con la tecnología en el gobierno, más que expertos, son políticos. Por ejemplo, el encargado de los Centros Tecnológicos Comunitarios ni siquiera tiene un título universitario. No se discrimina que una persona sin título universitario no sea apta o experta en alguna área, pero este señor, antes de ser nombrado en esa posición, nunca había hablado ni escrito absolutamente nada acerca de tecnología.

Es urgente que se realicen cambios profundos para que los recursos del estado se destinen adecuadamente y se promueva el talento y la innovación en todos los niveles de la sociedad dominicana.

Se hizo millonario al abandonar la universidad: La Historia de Felipe Meneses

Lula da Silva: De la Pobreza a Convertir a Brasil en la Novena Economía del Mundo

Los políticos y las élites dominicanas serán los que se beneficiarán de la reforma fiscal

Una sentencia injusta contra Bernardo Candelario | Pedro Lara

63% de dominicanos cree la economía empeorará en los próximos meses | Pedro Lara

Pedro Lara

Recientemente, la encuestadora Sondeos reveló datos alarmantes sobre el estado de ánimo económico en la República Dominicana. Según su encuesta, el 63% de los dominicanos cree que la economía empeorará en los próximos meses. Este sentimiento de pesimismo se suma a una serie de desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.

En un intento por aumentar los ingresos del estado, el gobierno dominicano ha propuesto una reforma fiscal. Esta medida busca incrementar la recaudación de fondos públicos a través de cambios en la estructura impositiva. Sin embargo, la efectividad de esta reforma es cuestionada por muchos ciudadanos, especialmente en un contexto de alto desempleo y descontento económico generalizado.

La tasa de desempleo en la República Dominicana es preocupantemente alta, lo que agrava la sensación de inseguridad económica. Un reciente reportaje de la BBC destaca que la mayoría de los dominicanos desean emigrar, impulsados por la dificultad de ascender económicamente en su propio país. La falta de oportunidades y la percepción de que solo una élite privilegiada se beneficia del crecimiento económico alimentan este deseo de buscar mejores horizontes en el extranjero.

El crecimiento económico de la República Dominicana parece estar concentrado en manos de unos pocos. Los beneficios económicos tienden a favorecer a los ricos y a aquellos con apellidos influyentes. Este fenómeno crea una brecha significativa entre las diferentes clases sociales, donde solo una minoría disfruta de las ventajas del progreso económico.

Además, un grupo que cobra del gobierno se destaca como beneficiario de las políticas económicas actuales. Estos individuos suelen ser fervientes defensores del gobierno ante cualquier crítica sobre la situación económica, protegiendo sus propios intereses y los de sus allegados.

La percepción negativa sobre el futuro económico del país es un llamado de atención para los formuladores de políticas. Es crucial que el gobierno considere las preocupaciones de los ciudadanos y trabaje en estrategias inclusivas que promuevan un crecimiento económico equitativo. Las reformas fiscales deben diseñarse de manera que no solo aumenten los ingresos del estado, sino que también fomenten la creación de empleo y la movilidad económica para todos los dominicanos.

La República Dominicana enfrenta un momento crítico en su historia económica. La combinación de una posible reforma fiscal, altos niveles de desempleo y una profunda desigualdad económica exige una respuesta integral y justa. Solo a través de políticas inclusivas y equitativas se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en el futuro económico del país.

Nuevo Código Penal de República Dominicana: Un Retroceso en Derechos Reproductivos y Responsabilidad Penal de las Iglesias | Pedro Lara

Pedro Lara

El reciente debate sobre el nuevo Código Penal en la República Dominicana ha suscitado controversias significativas, especialmente en dos áreas críticas: la despenalización del aborto en las tres causales y la responsabilidad penal de las iglesias. A pesar de los avances en derechos humanos y la igualdad de género a nivel mundial, el nuevo Código Penal dominicano representa un retroceso en estos aspectos fundamentales.

Despenalización del Aborto en las Tres Causales

Uno de los puntos más polémicos del nuevo Código Penal es la falta de despenalización del aborto bajo las tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, y cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Esta postura ha sido ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización del aborto no reduce la incidencia de abortos, sino que los empuja a ser realizados en condiciones inseguras, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. En la República Dominicana, la prohibición total del aborto ya ha causado sufrimiento y muertes innecesarias. Mantener esta prohibición en el nuevo Código Penal no solo perpetúa esta realidad, sino que también va en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos que el país ha asumido.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han argumentado que la criminalización del aborto es una forma de violencia de género institucionalizada. No reconocer las tres causales es ignorar la realidad de miles de mujeres que enfrentan embarazos no deseados en circunstancias extremas, forzándolas a tomar decisiones desesperadas que podrían costarles la vida.

Responsabilidad Penal de las Iglesias

Otro aspecto controvertido del nuevo Código Penal es la exclusión de responsabilidad penal para las iglesias. Esto significa que las instituciones religiosas no serían responsables penalmente por delitos cometidos en su nombre o bajo su auspicio. Esta disposición es alarmante, dado el poder e influencia que las iglesias tienen en la sociedad dominicana.

La impunidad de las iglesias podría fomentar un ambiente donde se toleren abusos y violaciones de derechos humanos. Las instituciones religiosas, como cualquier otra organización, deben ser responsables de sus acciones y de las acciones de sus representantes. Esta falta de responsabilidad penal puede abrir la puerta a una serie de injusticias y abusos sin consecuencias legales.

El nuevo Código Penal de la República Dominicana, en su forma actual, representa un serio retroceso en términos de derechos reproductivos y justicia. La falta de despenalización del aborto en las tres causales y la exención de responsabilidad penal para las iglesias son dos aspectos que deben ser revisados y modificados. Es fundamental que las leyes del país reflejen un compromiso real con los derechos humanos y la igualdad de género, protegiendo la vida y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género o creencias religiosas.

La sociedad dominicana merece un Código Penal que esté a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos, que promueva la justicia y que garantice la protección y el bienestar de todos sus ciudadanos.