Los políticos y las élites dominicanas serán los que se beneficiarán de la reforma fiscal

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Los políticos y las élites dominicanas serán los que se beneficiarán de la reforma fiscal

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Pedro Lara

El gobierno dominicano ha anunciado su intención de implementar una reforma fiscal con el objetivo de aumentar las recaudaciones y corregir el desequilibrio entre sus ingresos y gastos. Actualmente, los ingresos del estado representan alrededor del 15% del PIB, lo que equivale a 1,293,783 millones de pesos, mientras que los gastos del gobierno alcanzan aproximadamente el 18.51% del PIB. Este déficit ha llevado al gobierno a buscar formas de aumentar sus ingresos, pero antes de considerar una reforma fiscal, es crucial examinar la eficiencia del gasto público y las prioridades presupuestarias.

Dos sectores se llevan la mayor parte del gasto del gobierno: el sector eléctrico y el 4% destinado a la educación. Sin embargo, también se gastan cantidades significativas en publicidad y en pagos a periodistas que promueven al gobierno en las redes sociales. En 2023, el presupuesto para publicidad ascendió a alrededor de 9 mil millones de pesos, una cifra que podría ser mejor utilizada en inversiones sociales directas que beneficien a la población más vulnerable.

A pesar de las declaraciones del presidente sobre la eficiencia en el uso del dinero público, la realidad es que la necesidad de una reforma fiscal surge en un contexto de ineficiencia y gasto desmedido en áreas que no aportan al bienestar general de la población. Antes de hablar de una reforma fiscal, es imprescindible abordar la eficiencia del gasto público. La gente no puede seguir soportando precariedades mientras los funcionarios y sus allegados disfrutan de contratos millonarios.

Un caso que ilustra esta situación es el de un hijo de Mariasela Álvarez, quien ganó un contrato de 100 millones de pesos por parte de la entidad dirigida por Bartolomé Pujals, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en una clara violación a la Ley de Compras y Contrataciones. Este tipo de prácticas demuestra que los beneficios del gasto público están siendo acaparados por un pequeño grupo de élites ligadas al gobierno, mientras la mayoría de la población enfrenta desempleo, inflación y una escasa inversión social.

Con una reforma fiscal el gobierno tendrá más dinero para seguir repartiendo a costa de más desempleo y  más inflación.

La implementación de una reforma fiscal en este contexto solo servirá para consolidar aún más el poder económico y político de las élites dominicanas. Los principales beneficiarios no serán los ciudadanos de a pie, quienes necesitan mejoras en los servicios públicos y una mayor inversión en infraestructura y desarrollo social, sino los políticos y sus allegados, que seguirán obteniendo contratos millonarios y disfrutando de privilegios a expensas del erario público.

Para que una reforma fiscal sea justa y efectiva, debe ir acompañada de un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario implementar medidas que aseguren que el dinero público se utilice de manera eficiente y que los recursos se destinen a áreas que realmente beneficien a la población. Sin estas garantías, cualquier intento de reforma fiscal no será más que una carga adicional para los ciudadanos comunes, mientras que los políticos y las élites continúan disfrutando de sus privilegios.

La verdadera reforma que necesita el país no es solo fiscal, sino también moral y ética. Los ciudadanos dominicanos merecen un gobierno que priorice sus necesidades y que utilice los recursos públicos de manera justa y equitativa. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y con oportunidades para todos, no solo para unos pocos privilegiados.

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